España no sale bien parada de los análisis sobre la morosidad. Las empresas nacionales, así como la Administración Pública, están en el grupo de las que más tardan en pagar de la Unión Europea, según el informe de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM). Las empresas españolas son las terceras que más días de demora presentan (115 días), solo superadas por las de Portugal (126) y Grecia (123). En cuanto a la tardanza de la Administración Pública, la española es la cuarta por la cola (78 días), en una clasificación negativa que lidera Grecia (103), Italia (95) y Portugal (95), según los datos de Intrum Justitia.
«España, a pesar del esfuerzo de los últimos años, todavía se encuentra en la parte negativa del ranking europeo de morosidad. Es necesario concienciar a las empresas y a las Administraciones Públicas de la urgencia de acortar los plazos en el pago de las facturas», ha asegurado Antoni Cañete, presidente de la PMcM, este lunes en un comunicado. Pese a esta petición, Cañete reconoce que España ha avanzado en la última década, ya que en 2007 era la segunda peor Administración Pública, con casi el doble de demora que en la actualidad (166 días).
Este nuevo informe constata la implantación desigual de la directiva europea sobre morosidad, que tiene por objetivo que las empresas —especialmente las pymes y los emprendedores autónomos— sufran pérdidas por retrasos en los pagos. La directiva comunitaria, que data de 2011, trata de incentivar a las empresas y a las administraciones públicas a respetar los plazos de pago legales o contractuales; evitar la imposición de plazos excesivamente dilatados por parte de las grandes empresas; y armonizar de forma indirecta las diferentes prácticas de pago de los Estados. El plazo de pago de referencia marcado para las Administraciones Públicas es de 30 días, mientras que para las empresas es de 60.
En el estudio se demuestra que los países del sur son menos cumplidores y deja a Portugal, Grecia, España e Italia entre las peores. Sin embargo, los Estados más cumplidores y comprometidos con el pago a proveedores son Finlandia (22 días), Reino Unido (22), Alemania (23) y Dinamarca (25). En el caso de las empresas, las que tardan menos en pagar son Alemania (79 días), Austria, Dinamarca y Finlandia. Esto pone de manifiesto la falta de competitividad de las organizaciones de los países del sur de Europa, entre ellos España, lo que puede perjudicar a la imagen en el exterior de estos Estados y sus compañías.
En este sentido, en febrero la Comisión Europea ya abrió un expediente contra cuatro países (Grecia, España, Italia y Eslovaquia) por no aplicar correctamente la directiva. De esta forma, la Comisión les exigió que sean transparentes en las prácticas de pago de los poderes públicos, así como que creen un entorno empresarial fiable. Además, en el caso de España, se le pidió que no se mantenga la legislación que permite a las Administraciones Públicas dilatar sistemáticamente los plazos de pago legales.
«Este informe confirma la necesidad de revisar la normativa de la directiva europea, así como su aplicación y supervisión en los distintos países», ha afirmado Cañete. Un esfuerzo que, según destaca la Plataforma, se dirige a que las empresas sean más viables y no le reste competitividad a los países poco cumplidores en el pago a proveedores.